El año 2000, último de este siglo, será el primero de gobierno de
una fuerza de transformación progresista en el Uruguay. Llegaremos a él luego de un
largo y duro proceso de construcción de la unidad de las fuerzas populares. Pero también
luego de 10 años de exitosa experiencia de gobierno en la capital del país, a través de
la cual, aun a pesar de las limitaciones e injustas discriminaciones impuestas por el
gobierno de coalición de los partidos tradicionales, se trabaja con la firme voluntad de
cumplir con fidelidad los compromisos contraidos en el programa, gobernando para todos los
ciudadanos y desarrollando políticas que privilegian a los sectores más carenciados y
postergados, en un proceso de aprendizaje en la acción cotidiana, que constituye un
valioso capital para el ejercicio del gobierno nacional. Los uruguayos hemos demostrado,
más de una vez, que sabemos salir juntos de las dificultades. Hemos sido capaces,
también, de construir juntos grandes cosas. Este fin de siglo nos demanda a la vez ser
audaces para vencer la desesperanza y cautos para cimentar firmemente nuestros logros.
Esta combinación de audacia y sensatez sólo puede darla, en las dosis justas, una fuerza
política con las tradiciones, aspiraciones y respaldos que exhibe el Encuentro
Progresista – Frente Amplio, única con capacidad de convocar y movilizar los
sectores sociales organizados, detrás de un programa de amplios consensos. Sus líneas
programáticas tienen presente la situación mundial y continental que en los umbrales del
siglo XXI se muestran en nuestro horizonte.
El contexto mundial y nacional
A fines del siglo XX asistimos –revolución cientifico-técnica mediante- a
singulares avances en el campo del conocimiento, las comunicaciones y la producción que
deberían beneficiar a la humanidad en su conjunto, si el principal objetivo del
capitalismo no fuera el máximo incremento posible de la tasa de ganancia. Vivimos en un
mundo en el cual el imperialismo impone una estrategia global neoliberal que abarca
aspectos económicos, políticos, ideológicos, culturales y militares. Se expulsa de la
producción y se margina de la sociedad a millones de seres humanos. La concentración de
la riqueza llega a niveles nunca vistos. Hoy 225 personas concentran una fortuna de 762
mil millones de dólares equivalente al ingreso del 45% de la población mundial. Al mismo
tiempo 3mil millones de personas viven con menos de dos dólares diarios y carecen de
saneamiento; 2 mil millones no tienen electricidad. Un enorme poder se ha concentrado en
las llamadas empresas transnacionales. Se ha constituido un capital financiero volátil,
alentado en sus movimientos por la ausencia de límites y controles sobre su desempeño,
que se ha convertido en fuente de desequilibrios con graves consecuencias para nuestros
pueblos. Así se han sucedido diversas crisis económicas que expanden sus efectos en
cadena afectando toda la economía mundial (México, Sudeste Asiático, Japón, Rusia y
más recientemente Brasil) poniendo de relieve la inestabilidad y fragilidad que son
propias del modelo en curso. Son la expresión financiera de una crisis estructural de
superproducción y especulación.otra parte se verifica la existencia de una situación de
poder unipolar en lo político y militar, que habilita un creciente intervencionismo de
los EE UU en diversas partes del mundo, sea utilizando los organismos internacionales para
imponer las políticas que responden a sus intereses, sea a través de la acción militar
desnuda y torpemente justificada, o recurriendo al pretexto de las llamadas leyes
antiterroristas o el supuesto combate al narcotráfico. En suma, mientras la ciencia y la
tecnología ambientan la globalización, ésta se expande al amparo de una concepción,
una política y un programa neoliberales impulsados desde los grandes centros hegemónicos
de poder, entre los que sobresalen los EE UU. La aplicación de estas políticas en
nuestra América Latina, que en muchos países han sido llevadas adelante por regímenes
autoritarios y dictatoriales, ha dejado como consecuencia el incremento de la brecha entre
los que más tienen y pueden y las grandes mayorías sometidas al sufrimiento que les
imponen las indignas condiciones de vida y la pauperización social que deben soportar. A
ello se suma que como resultado de la aplicación de estas políticas han aumentado en
forma alarmante la desocupación, el sub-empleo y el informalismo, advirtiéndose asimismo
que se han comprometido seriamente los recursos naturales y se ha degradado el medio
ambiente. En nuestro país en particular, la dictadura impulsó y profundizó las
políticas neoliberales ya en la década del 70. El retorno a la institucionalidad
democrática, fruto de la lucha y sacrificio de miles de uruguayos, generó nuevas
expectativas sociales que fueron paulatinamente frustradas en la primera administración
del presidente Sanguinetti, que incumplió y desconoció los acuerdos de la Conapro. Más
tarde, la administración del presidente Lacalle ahondó el proceso de reformas
neoliberales, que nuestro pueblo logró en parte frenar, tal como ocurriera en el
Plebiscito de l992 relativo al destino de las Empresas Públicas. El acceso del FA al
gobierno municipal de Montevideo y la posterior administración departamental del FA y el
Encuentro Progresista han mostrado cómo es posible instrumentar políticas exitosas de
naturaleza diversa y aun opuesta a las aplicadas por el gobierno nacional, generándose de
este modo una alternativa concreta y visible al modelo vigente.
La nueva administración del presidente Sanguinetti, apoyada en una coalición de los
partidos Colorado y Nacional de carácter orgánico y proclamada identidad ideológica,
imprimió un nuevo impulso a las políticas neoliberales, introduciendo variantes más
pragmáticas del mismo modelo global. Se han llevado adelante reformas estructurales cuyos
ejes fundamentales constituyen un signo regresivo para un auténtico proyecto de
desarrollo nacional, tales como la del Estado, la de la Seguridad Social, la de la
Educación, y la del marco regulatorio energético entre otras. Durante todo este tiempo y
con el costo de los sacrificios impuestos a los sectores mayoritarios de la población,
especialmente a los más débiles social y económicamente, se ha logrado un tipo
crecimiento sin futuro, engañoso, carente de sustentabilidad. Un crecimiento que sólo se
ve en las cifras oficiales, pero que no se refleja en la situación de las mayorías. Un
crecimiento frágil y precario, excesivamente dependiente del marco regional y del flujo
de capitales destinados especialmente a la especulación, con niveles absolutamente
insuficientes de inversión productiva. La estabilidad tan pregonada por la actual
administración se cimenta en inestabilidades y angustias sociales insoslayables a la hora
de analizar la situación nacional. Una más reciente aventura especulativa golpeó
duramente a Brasil, y se prolonga con repercusiones directas sobre nuestro país,
corroborando la inestabilidad esencial y la fragilidad del modelo. El proyecto neoliberal
una y otra vez genera o ambienta estas crisis tornando insoportable la situación de los
más desposeídos y de vastos sectores de las capas medias y poniendo en entredicho las
decisiones soberanas de nuestras naciones. A través de conjunciones sociales de máxima
amplitud, mediante la acción de los partidos y movimientos populares y sociales emergen
entonces las propuestas alternativas, como la gran esperanza para nuestros pueblos. El
neoliberalismo no es el único modelo posible, no habrá de imponerse fatalmente. Ante él
se levantan las aspiraciones esperanzadas de amplios sectores sociales en diversos países
de nuestro continente propulsando programas de transformaciones auténticamente
alternativos y opuestos al modelo dominante, programas de contenido democrático, nacional
y popular, ajustados a las especificidades propias de cada nación. En esta gran corriente
democratizadora se inscribe el programa del Encuentro Progresista - Frente Amplio, cuyos
crecientes respaldos políticos y sociales ponen de manifiesto la viabilidad de un
gobierno progresista para el Uruguay, apoyado en la labor múltiple a desarrollar en el
seno del pueblo y las organizaciones de la sociedad civil.Nos aproximamos al año 2000 en
un contexto que muestra una preocupante tendencia a la desintegración social. Ésta se
expresa de múltiples maneras y en especial, en la violencia y frecuencia crecientes de
los delitos, en los desmanes que se reiteran en las manifestaciones deportivas, en los
brotes de intolerancia que aparecen en el ámbito de lo político, lo religioso y hasta en
el hogar. Una buena parte ello se explica por la promoción permanente de una nueva
"cultura" que incita al consumo irrefrenable, propone el éxito personal y
económico como única meta, y arroja de este modo a los seres humanos a una lucha sin
piedad en donde el hombre "es lobo del hombre". Se promueven los antivalores de
la competencia que proponen "triunfar" a toda costa, aun cuando ello implique
aplastar o destruir al semejante; se estimula la idolatría de una supuesta
"libertad", en la que todo vale si es para la satisfacción propia, y donde ha
perdido vigencia la norma elemental de convivencia que establece que nuestros derechos
acaban donde comienzan los del prójimo. Se intenta que los uruguayos abandonen la
cooperación y la solidaridad, la sustituyan por la práctica de usar al otro en beneficio
propio sin reparos, trasladando a las relaciones entre seres humanos la actitud del
consumo irresponsable que se resume en la frase "use y tire".Encuentro
Progresista apunta a un futuro de superación, de reconstrucción del tejido social, de
reunión solidaria de los uruguayos, revalorizando la persona como centro de la vida en
sociedad, con sus derechos y obligaciones, haciendo pie en los auténticos valores humanos
que constituyen la base del desarrollo personal de cada integrante del conjunto social, y
el fundamento de una convivencia armónica y dejando atrás el nefasto "reduccionismo
de mercado", que concibe a las personas apenas como meros agentes económicos,
consumidores o productores, con olvido de su dimensión integral y trascendente.Con la
fundada esperanza de que el año 2000 nos encuentre en el gobierno, asumiendo con firmeza
y determinación la responsabilidad de llevar adelante nuestro programa, en el marco de la
Constitución y la ley, buscando los respaldos políticos y sociales imprescindibles y la
conformación de las grandes mayorías que hagan posible su aplicación. Será necesario
afrontar las tensiones generadas por la resistencia de actores económicos y sociales que
se opondrán a las políticas que se requerirá poner en práctica urgentemente, para
cubrir necesidades básicas impostergables. Ya se observa a los enemigos del cambio
apostando a infundir temor en la población, agitando el fantasma de la
desestabilización, magnificando y desnaturalizando con pronósticos falsos e
irresponsables las consecuencias de las inevitables modificaciones en las prioridades de
las políticas económicas. Son viejas tácticas ya conocidas por los uruguayos, pues
fueron empleadas cuando el acceso del Frente Amplio al gobierno de Montevideo, y
desmentidas una y otra vez en forma categórica por la realidad.
Las preocupaciones de los uruguayos
¿Cuáles son las grandes preocupaciones colectivas de los uruguayos? La respuesta a esta
pregunta depende de la perspectiva social y la edad de cada uno. Así, para los jóvenes,
enfrentados a la necesidad –inmediata o no- de lograr su autonomía y trazar su
propio camino, las preocupaciones mayores se centran en la modalidad de su inserción en
la sociedad, en la definición de su propia identidad. De una parte, esto supone la
formación para la actividad laboral, y al mismo tiempo, implica la búsqueda de espacios
de expresión propia, de construcción de ámbitos de pertenencia personalizados, con
códigos y aspiraciones intransferibles.
La satisfacción de todas estas necesidades exige el replanteo de todo el sistema
educativo, no sólo desde la perspectiva de la futura inserción laboral del educando,
sino desde la más amplia de la formación de personas para la vida en sociedad y la
realización más plena de sus potencialidades. Para quienes, jóvenes o no, empleados o
no, tienen que hacerse cargo de sí mismos y en la mayoría de los casos, además, de una
familia, las preocupaciones se centran en la disponibilidad y el acceso a los medios para
hacer frente a sus responsabilidades. En este aspecto, la necesidad primaria es la de
contar con la seguridad de un trabajo que permita obtener ingresos suficientes. A su vez,
para quienes ya han realizado su contribución a la sociedad durante largos años de
trabajo, remunerado o no, la preocupación se enfoca en la obtención de los medios
seguros de subsistencia que les otorguen tranquilidad para gozar de la vida y continuar
aportando su experiencia y sus conocimientos a la construcción colectiva de la sociedad.
Las preocupaciones se sintetizan hoy en el reclamo de fuentes de trabajo y soluciones para
los problemas de salud, vivienda y educación –entre otros-, que se elevan desde
capas cada vez más amplias de la población. La pobreza golpea y se agudiza visiblemente
al compás de las políticas económicas neoliberales de las últimas décadas. Resulta
intolerable para los uruguayos, y constituye por tanto una preocupación fundamental, el
espectáculo del sufrimiento y la marginación de importantes sectores de la población.
La lucha contra este flagelo es para nosotros una prioridad irrenunciable y un compromiso
que requerirá de acciones enérgicas e inmediatas.Lo que no está al alcance de ningún
gobierno es dar respuesta inmediata a todas estas preocupaciones. Pero también sabemos
que la orientación, las prioridades y las políticas del gobierno del Encuentro
Progresista-Frente Amplio harán posible revertir el actual panorama de deterioro y
regresión, y permitirán avanzar en forma significativa y visible en la satisfacción
progresiva de las necesidades de las grandes mayorías.
Nuestros principios estratégicos
El gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio se basará en los principios
estratégicos que han inspirado su acción tanto desde el gobierno como desde la
oposición. La política coloca a la persona como centro de la acción. Este principio,
conjuntamente con la fuerte referencia ética que de él deriva, clarifica los objetivos y
califica las prioridades. La referencia ética orienta en forma intransigente la acción
del gobernante y encuadra la gestión del Estado en todas sus manifestaciones,
dignificando la función pública, y en particular, la del "mandatario",
verdadero servidor del soberano que le confía su investidura. De este modo, concebimos la
acción de gobierno como un servicio al pueblo, a todos los uruguayos. Su eficacia se mide
por la satisfacción de las necesidades de la gente, comenzando por las más urgentes e
impostergables.
El respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento y profundización de la
democracia, constituyen ejes fundamentales de nuestra acción. Sólo una democracia
fuerte, capaz de avanzar progresivamente en su dimensión social y de participación, de
hacerse más honda y radical –en el debate y la cooperación-, será el marco
adecuado para que los uruguayos encontremos los caminos de nuestra felicidad colectiva en
un ambiente propicio para la plena realización individual.La valorización de las
organizaciones intermedias de la sociedad, que hacen posible la expresión más cabal de
los individuos y constituyen una expresión genuina y singularmente valiosa del entramado
social; la jerarquización de los partidos políticos y de la política como actividad de
servicio; el desarrollo de la descentralización de las decisiones y por tanto, la
afirmación de la subsidiariedad del Estado central, constituyen orientaciones básicas de
nuestra política, enfocadas al fortalecimiento del tejido de responsabilidades sociales y
la participación ciudadana.sociedad no cumple su finalidad esencial si no logra asegurar
a todos las condiciones materiales para el desarrollo personal. Una democracia no madura y
se fortalece si no es capaz de albergar, dar prioridad y promover las políticas que
procuran y estimulan la creación de tales condiciones. El crecimiento económico es,
entonces, un componente fundamental de nuestra estrategia. Pero no a cualquier costo. No
estamos hablando de cifras, sino ante todo, de personas. No nos interesa mostrar elevados
promedios que no logran ocultar irritantes y dolorosas desigualdades. El crecimiento
económico que propone el Encuentro Progresista-Frente Amplio es un paso necesario en el
camino hacia un desarrollo económico y social integral. Las máquinas, los edificios, la
tierra, el dinero son recursos para las personas, no al revés. La propiedad de los
recursos es un factor decisivo para sustentar la creatividad. No puede transformarse en un
elemento de esclavitud o servidumbre humana. Basada en estos principios, nuestra
orientación económica prioriza la producción, apunta al crecimiento de la riqueza con
simultáneo énfasis en su distribución con justicia social; respeta y promueve la
libertad de las personas para el desarrollo de su capacidad creadora y se apoya en el
funcionamiento de los mercados lo cual requiere de un Estado dotado de los instrumentos y
capacidades necesarios para orientar las transformaciones, asegurando el respeto de los
derechos de todos. Un Estado capaz de establecer marcos de regulación que impidan la
formación de monopolios privados concentradores de riqueza y poder, y también apto para
producir directamente los bienes y servicios cuya producción por parte de agentes
privados no asegure la contribución al interés general. La política económica ubica
entonces al Estado como activo participante del quehacer económico, procurando asegurar
las necesidades básicas de todos los habitantes, un Estado que regula y orienta el
proceso económico, con la mira y la intención puestas en el bien común.
Como representante del conjunto de la sociedad, y a través de los procedimientos
institucionales propios del Estado de Derecho, fija los marcos regulatorios para el
ejercicio de la actividad privada y desempeña un rol dinámico, manteniendo su presencia
en los sectores estratégicos de la economía, participando en forma permanente o
circunstancial en los que no se consideran esenciales, pero en todo caso con el objetivo
final de alcanzar el bienestar de los uruguayos, que tal y no otra es su razón de ser. No
se descartará a priori el uso de ninguno de los instrumentos disponibles en el Estado de
Derecho. Desde el punto de vista jurídico, el respeto a la Constitución y a las leyes y,
por consiguiente, de los derechos y obligaciones emanados de su imperio, es y será la
condición básica de toda medida. En definitiva, nuestro programa se sustenta en valores
irrenunciables como la libertad, la justicia social que asegure la equidad y la igualdad
de oportunidades para todos, la solidaridad, la participación como herramienta para el
fortalecimiento de la integración social, la defensa intransigente de la Democracia y su
permanente profundización, el respeto pleno por los Derechos Humanos y el derecho a la
verdad como fundamentos de la convivencia, así como la ética, la honestidad y la
responsabilidad como ejes de la acción de gobierno.
Los problemas prioritarios y los ejes programáticos
Cinco años de gobierno no bastan para transformar radicalmente un país. Pero son
suficientes para comenzar a transformarlo junto a una nueva manera de hacer política,
pensada y destinada para la gente y con su participación. Sí son suficientes para
revertir los procesos más regresivos y negativos, son suficientes para implantar
políticas de justicia y defensa del patrimonio nacional, son suficientes para combatir la
pobreza y sus consecuencias, poner en marcha la profundización de la democracia y herir
de muerte a la corrupción. Es nuestra responsabilidad y también nuestra decisión,
buscar los consensos y los acuerdos que hagan posible alcanzar estas grandes metas. El
próximo gobierno progresista debe ser encarado como la primera etapa de un proyecto de
cambio, de mayor aliento y profundidad, que demandará incrementar el apoyo popular en
otras confrontaciones electorales, para dar continuidad a las transformaciones impulsadas.
Debe quedar claro que no podrán revertirse de un día para otro todos los efectos de
décadas de políticas antipopulares. No pueden olvidarse las pesadas cargas que tantos
años de políticas regresivas y neoliberales han descargado sobre los hombros del país.
La pobreza, el desmantelamiento del aparato productivo, la ineficiencia de un Estado
engordado por el clientelismo, mal administrado, irracionalmente costoso y herido por la
corrupción, los compromisos internacionales asumidos sin responsabilidad generando
condiciones adversas para el desarrollo independiente, son –inventario rápido y
ciertamente incompleto- algunas de las rémoras que será necesario superar. Sin olvidar
las limitaciones que son consecuencia del subdesarrollo y la dependencia, y las
resultantes del contexto internacional, donde constantemente ocurren hechos determinantes,
que afectan nuestra economía y las condiciones de vida de nuestro pueblo, y escapan al
control de un gobierno nacional. Esto refuerza la necesidad de adoptar políticas que
permitan defender nuestra autonomía y amortiguar los efectos más perniciosos de tales
acontecimientos. Las prioridades tácticas y estratégicas de la propuesta programática
de gobierno deben tener en cuenta tales limitaciones y condicionamientos y, a la vez, las
necesidades de atención impostergable y los objetivos de largo plazo que darán forma a
la sociedad a que aspiramos. No se trata de limar las aristas negativas del modelo
neoliberal, aperturista y desregulador. Se trata de proponer a la ciudadanía un programa
de transformaciones que, partiendo de nuestra realidad y de sus potencialidades y sin
falsas expectativas, constituya un avance sustantivo en este país, en esta región y en
un mundo globalizado, en el marco de nuestro proyecto nacional, popular y democrático.
Los problemas a los que debemos hacer frente son múltiples. Sin embargo habremos de
ordenarlos en función de las prioridades definidas, aún sabiendo que ello obligará a
postergar algunas aspiraciones. Una vez en el gobierno actuaremos en el marco de los
principios que guían nuestro compromiso, esto es, sin perder de vista el horizonte de
transformaciones que conduzcan a la construcción progresiva de una sociedad más justa y
solidaria, razón de ser de nuestra esperanza y nuestra lucha. Para ello buscaremos los
caminos de concertación política y social que resulten necesarios para encarar las
soluciones. Corresponde entonces definir los ejes fundamentales de nuestra propuesta
programática, que luego serán expuestos en profundidad. Ellos son: búsqueda de la
justicia social, que en la presente situación apunta ante todo a la progresiva
erradicación de la pobreza, las grandes desigualdades, la marginación y las distintas
formas de exclusión.La transformación del Uruguay en un país productivo, que ofrezca
oportunidades de trabajo, empleo y desarrollo personal para todos sus habitantes, con
plena utilización de los recursos nacionales y una inserción internacional apropiada y
compatible con un proyecto de desarrollo autónomodemocratización del Estado y la
sociedad, afirmando y consolidando las conquista democráticas, el respeto y defensa de
los derechos humanos, y la preservación del medio ambiente, impulsando –en el
ámbito nacional- la descentralización y la participación ciudadana, la mejora de la
gestión del Estado, y la dignificación de la función pública, así como desarrollando
una política internacional que apunte a la integración de los pueblos latinoamericanos y
a la consagración de un orden mundial justo y pacífico.
1. Justicia social
El gobierno progresista buscará avanzar en materia de justicia social combatiendo la
pobreza en sus distintas manifestaciones. Para el logro de este objetivo se asigna un
papel fundamental tanto al carácter social de las nuevas políticas a impulsar, como a un
modelo de país orientado al desarrollo de su capacidad productiva, generando empleo e
integración económica, social, cultural y política. La atención adecuada del problema
de la pobreza requiere un enfoque integral combinando y coordinando las políticas
sociales entre sí y con las políticas económicas; un enfoque diferencial, que excluya
las discriminaciones de género, raciales, etarias y de cualquier otro tipo, intentando
compensar las gravísimas carencias actuales y un enfoque participativo, para hay que
lograr el involucramiento de los afectados y de toda la sociedad en el tratamiento del
problema. La pobreza es resultado de procesos sociales e individuales complejos lo que
reclama su atención preferente a través de las políticas públicas. En primer lugar,
porque es urgente, debe atenderse económica y socialmente, a quienes se hallan en
situación de pobreza, con el fin de liberar energías para que estas personas recuperen
el autovalor y se aboquen a revertir el círculo depresivo al que se ven empujadas
habitualmente. A ello deben ir dirigidas en forma prioritaria las políticas sociales
focalizadas y las compensatorias, tanto en el medio urbano como en el rural, dando
preferencia a la consolidación de la familia como ámbito natural del desarrollo
personal.por ello que un enfoque progresista de las políticas sociales se opone
radicalmente al arcaico concepto de asistencialismo que caracteriza, cuando existen, a las
políticas que al respecto intentan llevar adelante los proyectos neoliberales.
Actualmente los que más necesitan de los servicios básicos son quienes carecen por
completo de ellos, o los tienen de menor calidad. Las políticas sociales progresistas
serán directamente proporcionales a las necesidades. En esencia y con respecto a la
situación presente el criterio que guiará nuestra acción viene de la historia y fue
enunciado por Artigas: se trata de "invertir el orden de la justicia", de modo
"que los más infelices sean los más privilegiados". Estas políticas deberán
estar coordinadas en una planificación global, evitando duplicaciones y vacíos. Para
ello se creará una instancia del más alto nivel capaz de ejercer la coordinación de
todo el universo de medidas, programas e instituciones relacionadas con las áreas
sociales a nivel nacional y local. Se dará especial importancia a las políticas
educativas, de modo que nuestras niñas y niños logren un desarrollo pleno, posibilitando
el despliegue de sus potencialidades así como la integración social de los sectores
empobrecidos, excluidos y marginados. Es necesario contrarrestar las graves desigualdades
que actualmente se verifican en el sistema educativo básico entre los distintos estratos
sociales. La enseñanza técnica y profesional debe ser jerarquizada y universalizada y en
ella todos deben poder formarse y capacitarse para el trabajo. El concepto de educación
permanente debe aplicarse con carácter general en el sistema y los medios de
comunicación deben contribuir a la obtención de estos objetivos. Se otorgará atención
permanente a los temas culturales de modo integral, impulsando una política de promoción
y desarrollo que apunte a la participación democrática de la sociedad. Las políticas de
salud se orientarán a asegurar la integralidad, universalidad y equidad de las
prestaciones, con un financiamiento justo, dando prioridad al primer nivel de atención y
a la medicina preventiva, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud.
aprovecharse al máximo el potencial de las policlínicas barriales coordinando la red de
policlínicas públicas y privadas mediante un convenio marco. Y al mismo tiempo, mejorar
sustancialmente los hospitales públicos aumentando su eficiencia, desconcentrando su
gestión y descentralizándolos a través de la participación comunitaria. Los servicios
de salud deben coordinarse con los sistemas educativo y de seguridad social. Es necesaria
una enérgica participación estatal en la regulación, control comercial y eventualmente
producción de medicamentos, de modo que sean accesibles a todos quienes los necesitan.Un
Plan Nacional de Salud en consulta con todos los involucrados, que contemple las
necesidades específicas de hombres y mujeres conforme a su edad, sexo y condiciones
particulares, garantizando así la atención integral. A través del financiamiento
público se procurarán políticas para que los sectores sociales de bajos recursos puedan
tener acceso a la vivienda en calidad de usuarios, arrendatarios o propietarios,
estableciendo líneas de crédito especiales con subsidio estatal. Se dará pleno
cumplimiento al Plan Nacional de Vivienda; en el marco de un Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial, coherente con las políticas generales de desarrollo, se establecerá una
política de tierras para viviendas, como parte de las políticas de descentralización.
Se promoverá las modalidades de vivienda cooperativa así como otros sistemas sociales de
construcción y de gestión comunitarias. Se atenderá especialmente la situación del
mercado de alquileres, en procura de un funcionamiento acorde con los objetivos
planteados.Se promoverá la repoblación de las áreas urbanas con infraestructuras
disponibles, otorgando la prioridad correspondiente a las familias en situación de
lanzamiento por vía judicial, aportando a la solución de la problemática de los
asentamientos. En materia de seguridad social se buscará la generación de un nuevo
sistema integral basado en los principios de universalidad, redistribución, solidaridad
intergeneracional, participación, eficiencia, protección social y financiación
tripartita, sustentado por un amplio consenso de todos los sectores sociales involucrados.
Para ello resulta imprescindible sustituir a la brevedad el régimen vigente introducido
por la ley 16.713, (Reforma de la Seguridad Social y creación de las AFAPs) que no ha
solucionado ninguno de los problemas reales de la seguridad social en el Uruguay, que ha
disminuido los beneficios tanto para activos como para pasivos, y ha entregado los aportes
de los trabajadores al circuito de la especulación financiera.
Lo más urgente es la extensión de los beneficios de la seguridad social a los sectores
que ahora no los poseen: los niños sin asignación familiar, los ancianos sin atención
médica, los desocupados desprovistos de la cobertura del seguro de paro, los hogares
carenciados sin ingresos suficientes, las mujeres trabajadores sin amparo social. En
materia de pasividades se favorecerá el retiro gradual y se regularán los montos de
jubilación y tasas de reemplazo según franjas de remuneración.
2. País productivo y empleo
El objetivo del Encuentro Progresista – Frente Amplio consiste en poner la economía
al servicio del ser humano, impulsando un modelo de producción con justicia social y
haciendo de este modo que el desarrollo obtenido sea sostenible. El gobierno progresista
apuntará definitivamente al desarrollo del sector productivo, en armonía con el medio
ambiente, en contraposición al país especulativo, al latifundio improductivo, al
despilfarro y subutilización de recursos, enfrentando decididamente toda forma de
corrupción.Llevará adelante políticas activas de generación de empleo y
redistribución progresiva del ingreso, haciendo de ello uno de los ejes fundamentales de
su política. Con esta orientación, las políticas económicas buscarán un crecimiento
del mercado interno y la inserción competitiva, -regional e internacional-, fortaleciendo
nuestro potencial exportador y evitando las prácticas de importación que lesionan
seriamente nuestra capacidad productiva.
El conjunto de los instrumentos de política económica deberá atender simultáneamente,
la distribución del ingreso, el crecimiento y la estabilidad. Se buscará mantener el
equilibrio fiscal y contener la inflación, sin transformar estos instrumentos en
objetivos en sí.
Las políticas salariales buscarán la recuperación gradual del salario perdido, así
como la aplicación efectiva de la legislación laboral vigente, su perfeccionamiento y
adecuación a la situación presente. Se ajustará el salario mínimo nacional de manera
de poner un piso real a las remuneraciones, mejorando los beneficios sociales que dependen
de este indicador.Se procurará establecer la obligatoriedad de la negociación colectiva
en los sectores público y privado, donde el Estado garantice el cumplimiento de mínimos
de remuneración y de condiciones de trabajo, para lo cual será indispensable aprobar la
legislación que ampare y regule el ejercicio de las libertades sindicales. buscarán
acuerdos generales entre trabajadores, empresarios y Estado a través del Consejo de
Economía Nacional, previsto en la Constitución y nunca concretado hasta el presente. Se
definirá y pondrá en práctica un Plan de Desarrollo Económico que resulte confiable
para los actores (Estado, trabajadores, empresarios, comerciantes y agentes financieros),
quienes con distinto grado de participación -definida con claridad- lo llevarán a la
práctica La izquierda y los sectores progresistas deben realizar un gobierno que,
manteniendo su compromiso básico con los trabajadores y los sectores más débiles de la
sociedad, propicie un marco de estabilidad económica, institucional y social, respetado
por todas las partes. establecerán políticas de apoyo al desarrollo de complejos
productivos que se definan como estratégicos. La búsqueda de acuerdos de
complementación productiva con los países del Mercosur, se concibe como herramienta
fundamental para esta labor. Estas políticas serán implementadas con la participación
activa de los actores directos. El criterio central de las políticas productivas debe ser
la selectividad, buscando orientar la inversión hacia los sectores considerados
prioritarios. Los criterios para determinar tal selectividad deben ser claros,
trasparentes y de impacto económico y social. La creación directa o indirecta de empleo,
la generación o el ahorro de divisas, la descentralización territorial, el impacto
ambiental, el dinamismo tecnológico y la capacidad para generar nuevos productos, son
algunos de estos criterios que comenzarán a utilizarse de inmediato.Concientes de la
importancia que la agroindustria tiene en la economía nacional, se pondrá especialísima
atención en sus complejos productivos con políticas de tierras, capacitación,
información, asistencia técnica, comercialización y créditos para los productores y
protección social para sus trabajadores, entre otras medidas. Se asignará preferencia a
la industria de la construcción por su capacidad para generar rápidamente puestos de
trabajo.
El uso ponderado de los recursos naturales, en particular tierra y agua, será objetivo
prioritario en la renovación productiva, buscando formas de desarrollo sustentable,
compatibles con la conservación del medio ambiente. Los recursos deben ser protegidos,
erradicando toda forma de dilapidación y daño, y a la vez, utilizados racional y
equitativamente, de modo que su explotación beneficie a la sociedad toda. En este sentido
se afirma la plena vigencia del Instituto Nacional de Colonización, que deberá ser
capitalizado y renovado para que pueda cumplir con sus objetivos básicos. Se mantendrá
la prohibición de que las sociedades con acciones al portador sean propietarias de la
tierra, legislándose también para evitar la creciente extranjerización de la misma.Se
dará prioridad para el desarrollo científico-técnico, en particular orientado hacia la
producción básica del país, con fuerte apoyo estatal y asignando un rol fundamental a
la Universidad de la República.gobierno progresista aplicará un Plan Nacional de
Energía que buscará armonizar la participación de cada sector energético sobre la base
del interés general y el aprovechamiento de los recursos con racionalidad y eficiencia, a
fin de atender la demanda y contribuir al proceso de reindustrialización del país
evitando la dependencia energética. SE organizarán -con fuerte participación de los
involucrados- mecanismos de apoyo sistemático a la comercialización de nuestros
productos, tanto para el mercado interno como para la exportación, en particular
promoviendo las formas de negociación colectiva o cooperativa, proveyéndose por parte
del Estado servicios de asesoramiento integral.Se diseñarán políticas específicas para
las diferentes áreas de servicios, que busquen potenciar su significación económica y
ocupacional, en especial con referencia a los segmentos más dinámicos: industrias
culturales, software, entre otros, y en especial el turismo por su relevante papel
económico y social.efectuará una política fiscal más justa bajo el principio de que
"pague más quien tiene más"; el sistema se basará en los principios de
progresividad, finalismo, generalidad, equidad y coherencia. Se impulsará la
implantación del impuesto a la renta de las personas físicas al tiempo que se gravarán
actividades financieras de carácter especulativo, los consumos suntuarios y la
concentración de la riqueza.incorporación del Impuesto a la Renta de Personas Físicas
permitirá la reducción del IVA y del Impuesto a los retribuciones personales, hasta
llegar a la eliminación de este último, en el plazo más rápido posible. La banca
oficial jugará un rol central en la política económica. Su capacidad y potencia serán
utilizadas de la manera más eficaz orientando el crédito para que sirva de apoyo a los
sectores productivos. El Banco República será dinamizado en su función de banco de
fomento. El Banco Central regulará y controlará efectivamente el flujo de capitales y el
sistema financiero. gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraidas por el
Estado, buscará aliviar la carga de la deuda externa, sin aceptar imposiciones de los
organismos internacionales de crédito, renegociando plazos y reformulando el perfil de la
misma. Al mismo tiempo, promoverá la creación de un frente de deudores para encarar el
problema de la deuda externa y del intercambio desigual, evitando una política de
financiamiento que provoque mayor endeudamiento condicionado. Promover la instalación de
una auditoría internacional de la deuda, cuyo estudio determine la legitimidad de sus
distintos componentes.
3. Democratización de la Sociedad y el Estado
La vigencia y consolidación del sistema político e institucional, de la democracia
uruguaya es un elemento sustancial para el proyecto progresista. En él deben confluir
simultáneamente la libertad, la justicia y la participación efectiva de la población.
Al mismo tiempo resulta necesario promover un mayor equilibrio entre los tres poderes del
Estado, en particular atendiendo la situación del Poder Judicial, cuya efectiva
autonomía económica debe ser asegurada. Asimismo se garantizará la independencia
técnica y la dotación de recursos humanos y materiales adecuados para la labor de este
poder y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y el Tribunal de
Cuentas. Se promoverá la descentralización en el plano político y administrativo con el
objeto de estimular la participación ciudadana en todas las etapas de la gestión
pública tanto en las ciudades como en las localidades y zonas rurales. Esta
participación comprende la iniciativa, la puesta en práctica de las políticas a
ejecutar y el contralor de la acción estatal en todos sus niveles. Esto requiere
profundizar las reformas institucionales en el sistema de gobierno, en dirección de una
mayor participación social. Concomitantemente, esa participación será una garantía
más de la trasparencia de la gestión administrativa, en la que comprometemos el combate
frontal de la corrupción en todas sus formas y la adecuación de la legislación en lo
relativo a las conductas corruptas y los delitos económicos.
Debemos transformar al Estado en una poderosa palanca del desarrollo nacional, a la vez
que creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. El
Estado debe además, asumir un papel nivelador de las cada vez más grandes desigualdades
sociales existentes en el país y tener una presencia activa y directa en las áreas
estratégicas de la economía. La urgencia por el crecimiento económico, la obtención de
rentabilidad en las inversiones y el desarrollo de pautas de consumo cuyo modelo es el
lujo y el derroche, ha hecho descuidar sus efectos negativos sobre la naturaleza, el
ambiente donde habitamos. La impunidad de la destrucción de los recursos y de la
biodiversidad, cuyo costo no se reconoce en la contabilidad tradicional, ha permitido a
algunos acumular grandes beneficios y fortunas a costa, en mayor o menor medida, de toda
la humanidad.
El gobierno del Encuentro Progresista – Frente Amplio emprenderá las tareas de
protección y mejoramiento del ambiente con la finalidad de defender la vida en todas sus
formas y buscar las condiciones que permiten una mejora sostenida de la calidad de vida de
la población en armonía con el entorno.el Estado uruguayo existen organismos y entidades
–por ejemplo el Instituto Nacional de Colonización, la Corporación para el
Desarrollo, el Banco de la República, el Hipotecario, el de Seguros y el Central, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina del Servicio Civil y el Sodre- que
orientados adecuadamente se transformarán en poderosas herramientas de cambio.empresas
estatales deberán ser fortalecidas buscando mayor eficacia en sus servicios y una mayor
eficiencia y competitividad que las consolide como pilares del desarrollo y la soberanía
del país.
Para el cumplimiento de estos objetivos, se debe encarar un amplio plan de mejora de
gestión. Esto implica necesariamente una inversión en recursos tanto humanos como
tecnológicos, lo que se hará de acuerdo a los medios disponibles. El Encuentro
Progresista – Frente Amplio se compromete a ocupar los cargos de dirección que deba
llenar en su gobierno con ciudadanos calificados para la tarea, rompiendo el esquema del
"premio consuelo" para los fracasados electorales y el reparto de cargos según
lealtades políticas. Se estudiará la posibilidad de legislar para que los plazos de
permanencia en ciertos cargos no se correspondan con los tiempos políticos, y establecer
impedimentos para las candidaturas de quienes los ocupen, evitando de este modo la
desviación común en que recaen los políticos tradicionales, que suelen transformar la
gestión en un trampolín de lanzamiento personal electoral.
En el plano de los funcionarios, se deberán mantener los criterios históricos del
Encuentro Progresista – Frente Amplio para el ingreso a la función pública -el
concurso o el sorteo en su caso-, verdadera salvaguarda democrática para la ciudadanía
en su conjunto. Es necesario definir a nivel público una política salarial que opere
como un verdadero estímulo tanto para el mejoramiento permanente de los funcionarios así
como la retención de los más calificados, donde la productividad y el rendimiento sean
adecuadamente valorados, atendiéndose especialmente la situación de los sectores de
salario sumergido. Se deberá asimismo tender a poner en práctica el principio "a
igual tarea, igual remuneración". Para nuestra fuerza política resulta evidente que
existen algunas áreas en las que no podrá haber una sustancial mejora de la gestión
pública sin una concomitante mejora de las retribuciones de los funcionarios. Sin
embargo, el incremento de los niveles de remuneración no asegura por sí solo la mejora
de la gestión, hecho comprobado en las experiencias ya vividas, por lo cual la
administración progresista deberá enfrentar los vicios adquiridos en largos años de
falta de motivación y control adecuado para dignificar la figura del servidor público.
Se estimulará la democratización de los medios de comunicación y de la información,
tanto públicos como privados, su utilización al servicio de la comunidad, la
divulgación artística, deportiva, científica y técnica, la promoción de los valores
nacionales, y la expresión de los diversos sectores sociales y políticos del
país.Derechos Humanos, su promoción y vigencia son responsabilidades insoslayables de la
sociedad para avanzar en su desarrollo. El Estado tiene la obligación irrenunciable de
garantizar su pleno ejercicio. Nuestro compromiso en tal sentido se inspira en nuestra
trayectoria como fuerza política y en los instrumentos internacionales suscritos por
nuestro país.
La justicia es un principio fundamental, y es deber de todo gobierno democrático el
garantizar su vigencia y los caminos para su aplicación. El esclarecimiento de la verdad
sobre los detenidos-desaparecidos y la restitución de su identidad a los niños
secuestrados, son imperativos legales que permanecen incumplidos, y que nuestro gobierno
asumirá como responsabilidades ineludibles. La seguridad ciudadana se ha convertido en un
problema nacional. Sin perjuicio de entender que el delito tiene múltiples causas, no es
posible eludir la responsabilidad del Estado en arbitrar soluciones teniendo en cuenta que
éstas dependen de la capacidad para concertar acciones con la sociedad y del éxito de
las políticas que aseguren crecientes grados de integración social.Defensa Nacional es
una cuestión esencialmente política y compromete a toda la nación. Comprende el
conjunto de actividades que tienden a preservar la soberanía y la independencia de
nuestro país, a conservar la integridad de nuestro territorio y a consolidar la paz y el
respeto de la Constitución y las leyes de la República. Las FFAA serán un cuerpo
profesional y efectivamente subordinado al poder civil. El Estado debe determinar la
Política Nacional de Defensa (opuesta a la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional),
y la del componente militar de la misma. Nuestra Política Nacional de Defensa será ajena
al interés partidario. Por el contrario, se elaborará por el conjunto de la sociedad y
en particular por los representantes legítimamente electos por la ciudadanía.
La integración de los pueblos latinoamericanos es un objetivo histórico fundamental. La
inserción del Uruguay en el Mercosur es parte de ese proceso, en el entendido de que es
preciso reestructurar su funcionamiento y contenido. La integración no consiste solamente
en acuerdos arancelarios sino que implica coordinación económica, complementación
productiva, intercambio y cooperación en ciencia , cultura y tecnología. El principio de
solidaridad debe regir el desarrollo del conjunto de quienes participan del espacio
integrador y no de unos en detrimentos de otros, sean éstos grupos sociales, regiones o
países.
Nuestra política internacional lucha por un orden mundial más justo, promueve y defiende
los Derechos Humanos en todos los ámbitos, rechaza todo tipo de imperialismo o dominio
económico, militar o social de unos países sobre otros y aplicará criterios de
racionalidad y austeridad haciendo que el servicio exterior del país cumpla su papel de
representación de los intereses de la República y de promoción y búsqueda de mercados
para la producción nacional.
Queremos devolver a los uruguayos el derecho a soñar. Un gobierno que sea capaz de
construir los acuerdos imprescindibles y conducir seriamente al país en la consecución
de los objetivos que hemos definido logrará devolver a los uruguayos el derecho de soñar
un futuro promisorio, justo y pacífico. Ese gobierno, lo afirmamos, será el del
Encuentro Progresista – Frente Amplio. |
