I.
Introducción
Uruguay está atravesando por una crisis económica realmente grave. Esta se manifiesta
-como siempre ocurre, pero esta vez en condiciones más acentuadas que nunca desde la
recuperación de la democracia- en el crecimiento del desempleo, la reducción de
ingresos, el aumento de la pobreza, y la desintegración social. La percepción de que
esta situación se agravará y la ausencia de perspectiva de mejora caracterizan el estado
de ánimo de la mayor parte de los uruguayos, sean estos estudiantes, trabajadores,
jubilados, comerciantes, industriales o productores rurales. La emigración ha vuelto a
ser manifiesta y se constata el deterioro del principal capital del país: la calidad de
sus recursos humanos.
No obstante, vastos sectores de la población, no se resignan a la desesperanza,
expresándose en varias formas de movilización social de amplio espectro, que seguramente
se incrementarán en el futuro.
Estamos en presencia del fracaso del modelo económico desde el punto de vista de los
intereses de las grandes mayorías nacionales. La estrategia económica que se viene
aplicando por los últimos gobiernos, basado en la estabilización de precios, la apertura
externa y el libre juego del mercado se quedó sin respuesta cuando el escenario
internacional dejó de ser francamente favorable como lo fue hasta el último año de la
última década. Las escasas concesiones a políticas ligadas a la producción, fundadas
en la prioridad a los sectores exportadores (reintegros, subsidios a la forestación y a
las inversiones de infraestructura turística) han sido, en general, contrarrestadas por
el efecto de los planes de estabilización y apertura llevados a cabo.
Hoy estamos sufriendo las consecuencias de las limitaciones de una estrategia que sólo
está apostando a la estabilidad, privilegiando la imagen de un país financieramente
estable sobre la genuina estabilidad fundada en la fortaleza de su estructura productiva.
Los instrumentos de política económica que habitualmente se utilizan en coyunturas
recesivas no están siendo considerados, o bien porque el fundamentalismo idológico los
descarta a priori, o bien porque las políticas aplicadas no pudieron ni buscaron generar
los márgenes necesarios en períodos de bonanza que permitieran afrontar con cierta
holgura los momentos de crisis.
Nuestra fuerza política tiene el compromiso de responder a esos reclamos, aportando su
esfuerzo para clarificar las causas de la situación y las restricciones que enfrentamos y
proponiendo caminos para superar la crisis y sentar las bases de un proceso de crecimiento
y equidad.
II. Los problemas urgentes
Desde el punto de vista humano el problema más acuciante radica en la falta de acceso a
la satisfacción de las más elementales necesidades por parte de sectores crecientes de
nuestra sociedad. Para ello hemos propuesto una Agenda social, mínima y abierta, para
actuar desde ya sobre las manifestaciones más crudas de la marginación social y el
empobrecimiento extremo, situaciones que atentan contra la dignidad humana y que deberían
conmover también "el estado del alma" de los uruguayos, comenzando por la
responsabilidad de los gobernantes.
Sin embargo, aún llevando a cabo todas las medidas allí propuestas (y las que se
agreguen en el marco de un diálogo abierto entre todos los sectores nacionales) no se
resolverá el problema de fondo, que no es otro que dotar a nuestro país de la
posibilidad de aumentar su riqueza y distribuirla en forma equitativa. Por sí solas, esas
medidas ayudarán a sobrevivir -más dignamente- mientras esto último se consigue.
Nos encontramos hoy ante una situación crítica de todos los sectores de la producción,
que no encuentran la vía para sostener niveles de empleo y de ingresos ni incentivos para
la inversión, a pesar de la baja inflación y la relativamente desahogada posición
financiera externa del país.
La pérdida de cometitividad, que se ha ido acentuando desde 1990, y el endeudamiento de
las empresas y consumidores, se hacen evidentes en las actuales condiciones recesivas.
Estos factores han sido el resultado, principalmente, de las acciones y omisiones de las
políticas aplicadas desde los sucesivos gobiernos en el marco estratégico ya señalado.
Atraso cambiario, desprotección de la producción nacional, altas tasas de interés,
deficiente distribución del gasto público y de la carga fiscal, que castiga la
producción, el trabajo y los consumos populares, son problemas a enfrentar para intentar
reactivar la economía. Dolarización, déficit fiscal elevado y endeudamiento privado,
son consecuencias de esos problemas que imponen restricciones a los márgenes de maniobra
de la política económica.
III. Nuestras propuestas
El objetivo central será atender de inmediato la problemática del empleo sobre la base
de la reactivación productiva y medidas redistributivas de emergencia que permitan
sostener el nivel del salario real y aun mejorar la situación de los sectores más
sumergidos, en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes y la sanción de
proyectos de ley que los garanticen como los de Negociación colectiva y Libertad
sindical.
Una vez más nuestra fuerza política reitera su posición de la disminución gradual del
impuesto a los sueldos y las jubilaciones (impuesto a las retribuciones personales) hasta
su eliminación. A. Medidas directas para la generación de empleo
1. Inversión pública: La política de inversiones del sector público (gobierno y
empresas) debe orientarse a priorizar aquellas que generen el mayor impacto en la demanda
interna de empleo directo y de insumos nacionales.
Asimismo, puede habilitar el mecanismo de financiación de obras nuevas en base al sistema
de concesión de obra pública siempre y cuando se satisfagan las siguientes condiciones:
a. no se trate de áreas estratégicas; b. existan compromisos explícitos
que garanticen el estricto cumplimiento de los contratos; c. se garantice la transparencia
en las adjudicaciones.
Estos requisitos deben exigirse desde luego aun para los emprendimientos que no cuenten
con nuestro apoyo, incorporando instrumentos que, como el de la audiencia pública,
fortalezcan la cristalinidad de la que carecieron tantos procesos anteriores.
2. Plan de vivienda: Debe incrementarse la construcción de viviendas cumpliendo dos
objetivos simultáneos. Por un lado dinamizar la ocupación de factores productivos
aprovechando su capacidad multiplicadora, y por el otro, contribuir a una mejor solución
de la problemática habitacional. A efectos de su financiamiento se impone la aplicación
de la totalidad de los recursos del Fondo nacional de vivienda. Asimismo, agilitar y
reimplantar los sistemas de crédito para las cooperativas de vivienda y, muy
especialmente, las de ayuda mutua.
3 Otras medidas directas sobre el empleo
a. Implantación de un registro nacional de desempleados, que permita
planificar políticas al respecto. Desde hace más de 50 años existe normativa legal
nunca aplicada hasta ahora.
b. Creación de un programa específico de empleo, aun de carácter
transitorio, y para aquellos para los cuales haya finalizado el seguro de paro, en áreas
de servicios sociales atendidos por el estado y que requieran completar sus requerimientos
de personal.
c. Implementación de un sistema de jubilación parcial anticipada (por
ejemplo, un sistema de media jubilación) con levantamiento de los topes jubilatorios.
d. Medidas de defensa de la pequeña y mediana empresa.
B. Medidas para fortalecer la competitividad de las empresas
B1. En base a instrumentos de tipo fiscal
1. Exoneración impositiva durante el año a los productores agropecuarios que estén por
debajo de la línea de pobreza
2. Implantación de rebajas de tarifas de energía eléctrica y combustibles para la
producción agropecuaria.
3. Aumento del porcentaje de devolución de impuestos indirectos a los exportadores (y su
extensión al sector turismo) hasta el nivel compatible con los compromisos
internacionales del país o negociaciones correspondientes a los mismos, pero aplicando
dicho aumento sobre el mayor volumen expeortado
4. Revisión de la actual política de subsidios directos (respetando los compromisos ya
contraídos) a la producción, aumentando el fondo utilizado a tal fin y reorientándolo
hacia sectores que impacten más fuertemente sobre el empleo y criterio selectivo,
privilegiando aquellos sectores que enfrenten mayores dificultades en los mercados
externos debido a la evolución de los precios internacionales de sus productos.
5. Habilitar mecanismos de emisión de certificados de créditos a favor de los
proveedores acreedores del gobierno central, por aquellas deudas que tengan más de 60
días de vencidas, a efectos de ser utilizadas en la cancelación de adeudos fiscales.
6. Eliminación de impuestos a los activos bancarios (IMABA)
7. Reducción de aportes patronales a la seguridad social para las empresas que generen
nuevos puestos de trabajo, reduciendo por esa vía, el costo laboral, de acuerdo a las
franjas establecidas en el aditivo presentado en ocasión de la discusión de la ley de
Urgencia y que refieren a los adultos mayores de 45 años, mujeres jefas de hogar y
jóvenes menores de 24 años.
8. Gravar con el IVA la venta de cigarrillos y tabacos
B2. En base a instrumentos de política crediticia
1. Reducción sustantiva de los encajes sobre los depósitos del BROU
2. Reducción selectiva de la tasa activa de interés que cobre el BROU
3. Refinanciación selectiva del sobrendeudamiento crónico del sector agropecuario
(según criterios expuestos en documento adjunto)
4. Prohibición de otorgar crédito bancario para el financiamiento de bienes de consumo,
competitivos con los fabricados por la industria nacional
B3. En base a instrumentos de política comercial
1. Plantear en el marco del Mercosur la adecuación al alza dela escala arancelaria dada
por el arancel externo común, dentro del tope admitido por la OMC
2. Establecimiento de derechos compensatorios en aquellos casos de ingreso de
exportaciones provenientes de extrazona en condiciones de competencia desleal
3. Flexibilización de las regulaciones para ser operativas las acciones antidumping que
correspondan
4. Etiquetado para control de calidad e información al consumidor en el caso de
importaciones competitivas con sectores nacionales de alta sensibilidad, como ocurre
actualmente con la industria del calzado
5. Establecimiento de cupo de importación de bienes provenientes de extrazona en sectores
de alta sensibilidad en el país, tanto por la competencia desleal desde el exterior como
por la difícil situación de la producción nacional
6. Promoción de asociaciones de productores y empresarios, así como un papel más
eficiente y activo del Estado, cuyo objetivo sea la búsqueda de mercado, elevación de la
calidad de productos a exportar y el esmero en su presentación comercial
B4. En base a instrumentos de política cambiaria
En esta emergencia, toda medida debe tener como criterio prioritario defender la
producción como medio paara segurar el empleo y los ingresos de la población. Para ello,
hay que actuar sobre la competitividad que determina, en última instancia, la
rentabilidad y el ingreso de quienes producen, lo que a su vez guía las decisiones de
producción y de inversión
Para actuar sobre la competitivada deben ponerse en juego todos los instrumentos
disponibles de la política económica, tanto los generales como los sectoriales, en un
conjunto coherente de medidas.
A fin de recuperar la rentabilidad de los sectores productivos, la política se debe
diferenciar entre bienes transables (o sea, los que pueden exportarse e importarse) y no
transables. La evolución más rápida de los precios de estos últimos es lo que explica
el "atraso cambiario".
En política cambiaria se requiere la recuperación gradual del tipo de cambio real para
atender la necesidad de competitividad y así evitar devaluaciones traumáticas que son
las que ocasionan mayores efectos negativos sobre vastos sectores de la población.
C. El financiamiento de la reactivación
Concebidas en una perspectiva dinámica de crecimiento, las medidas propuestas tienen
implícitos beneficios que superarán a sus costos. El auemnto de la actividad económica
permitirá prescindir de algunas de ellas, reducirá el peso de algunos gastos que hoy se
incurren por efecto de la recesión, como el seguro de paro, y aumentará la recaudación
de impuestos y de aportes sociales. Sin embargo, en lo inmediato, tendrán costos que
habrá que financiar.
Las restricciones a las que ha conducido la estrategia aplicada en los últimos años, ya
mencionadas limitan las opciones fáciles: emisión y mayor carga fiscal. Sin embargo,
existen recurrsos que pueden aplicarse, con la necesaria cautela, a esta operación de
reactivación productiva. Sin descartar el financiamiento interno por la vía del
endeudamiento con el sector bancario privado o en el mercado de capitales, estos son,
básicamente, el financiamiento externo y los activos externos. NO es diferente que para
cualquier proyecto de inversión: se aumenta el pasivo, se disminuyen activos o una
combinación de ambos.
La fuente para financiara esta operación debe ser el financiamiento externo, aprovechando
las condiciones relativamente favorables del país en los mercados internacionales. Sin
embargo, deben establecerse límites prudenciales de endeudamiento, ya sea en relación al
PBI o a las exportaciones o a algún indicador combinado de ambos, revisando las actuales
disposiciones legales al respecto para adecuarlas a una política anticíclica.
Subsidiariamente, debe revisarse también la política de reservas internacionales. Su
nivel debe responder a criterios prudenciales de gestión financiera sin exceder límites
inferiores y superiores. La política cambiaria llevada a cabo hasta el presente ha
determinado que éstas crezcan a niveles innecesariamente altos. En el contexto de las
medidas propuestas, puede recurrirse a la utilización de una parte menor del volumen
disponible, aplicándolas a usos más rentables, como la financiación de la
reactivación, sin por ello generar inestabilidades en los mercados financieros y de
cambios.
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